La revolución digital y la inclusión financiera en Colombia viven un momento definitorio con el lanzamiento de Bre-B, el sistema de pagos instantáneos del Banco de la República, que aspira a reducir la alta dependencia del efectivo, presente aún en el 70% de las transacciones nacionales. Sin embargo, la propuesta gubernamental de imponer una retención del 1,5% a las transacciones digitales pone en riesgo esta transformación que busca modernizar y formalizar la economía.

Bre-B es un salto tecnológico inspirador, replicando el éxito de sistemas como Pix en Brasil y la Interfaz Unificada de Pagos de India. En sus primeros meses, alcanzó más de 33 millones de usuarios y casi 91 millones de “llaves” vinculadas a cuentas, un crecimiento notable en un país donde la informalidad es predominante. Este sistema permite transferencias instantáneas, gratuitas durante los primeros tres años, con interoperabilidad entre diversas entidades financieras, pequeño comercio y usuarios de servicios digitales.

La digitalización del sistema de pagos trae eficiencia, rapidez y trazabilidad, clave para construir historiales transaccionales sólidos que contribuyan a la formalización de emprendedores y a la relación crediticia responsable. Según el Ministerio de Hacienda, las transacciones digitales crecieron al 68% en 2024 y las operaciones bancarias móviles constituyeron el 58% del total en el primer semestre de 2025.

La propuesta de retener el 1,5% en pagos digitales busca homologar un gravamen ya aplicado a tarjetas débito y crédito, pero expertos y gremios fintech alertan que esta medida desincentivaría el uso de plataformas digitales, elevando la informalidad y el uso de efectivo, en contraposición a la misión de Bre-B.

Por ejemplo, una transferencia por un millón de pesos bajo este esquema significaría una retención automática de 15.000 pesos para el receptor, implicando que reciba 985.000 pesos netos. Si el comercio repercute este costo al consumidor, el impuesto actúa como un IVA adicional, disminuyendo el incentivo para digitalizar pagos.

Experiencias internacionales, como en Brasil con Pix, muestran que rumores o expectativas de impuestos sobre pagos digitales redujeron dramáticamente las transacciones, congelando el crecimiento de estos ecosistemas. Esto sugiere que políticas tributarias sin un enfoque cuidadoso pueden detener la revolución digital y perjudicar a los segmentos más vulnerables.

Un sistema digital masivo como Bre-B también debe enfrentar riesgos de seguridad que pueden afectar la confianza pública. Las amenazas van desde fraudes, robo de identidad, hasta ataques sofisticados de cibercriminales. Por ello, las plataformas deben adherirse a estándares internacionales como PCI DSS, PSD2, y normativas locales, complementados con monitoreo continuo basado en inteligencia artificial para detectar patrones anómalos y responder rápidamente.

Sumado a la tecnología, el factor humano es crítico: capacitación constante en ciberseguridad, protocolos claros para incidentes, y campañas educativas para usuarios son imprescindibles para minimizar riesgos. Además, promover buenas prácticas en los usuarios, como autenticación de dos factores y evitar transacciones en redes inseguras, refuerza la resiliencia del ecosistema.

El éxito de la transformación digital requiere un entorno regulatorio que estimule la adopción tecnológica sin imponer cargas fiscales que frenen su crecimiento. En este sentido, el gobierno colombiano debe considerar alternativas que no penalicen los pagos digitales, y en cambio, incentiven una mayor inclusión financiera y formalización económica.

Por ejemplo, eliminar retenciones sobre pagos digitales y mejorar la regulación para integridad, transparencia y competencia efectiva, puede posicionar a Colombia como líder en pagos digitales en la región, tal como busca el Decreto 1692 de 2020, que ha impulsado pagos en línea del 20% al 50% proyectado para 2025.

Además, la regulación debe ir acompañada de la promoción activa de la digitalización en sectores vulnerables, facilitando el acceso y reduciendo barreras tecnológicas y educativas.

La irremediable digitalización de Colombia es una oportunidad histórica para superar la informalidad, aumentar la eficiencia económica y democratizar el acceso a servicios financieros. Sin embargo, el impuesto propuesto sobre pagos digitales amenaza con frenar esta ola de progreso.

La tecnología debe articularse integralmente con la ciberseguridad y una regulación progresista que fomente la confianza y no plantee barreras. Solo así será posible movilizar una transformación digital genuina, inclusiva y sostenible, que fortalezca la economía colombiana y su competitividad en el futuro global.